Comenzó plan del Incoder para ubicar terrenos baldíos del Estado

Se estima que son 4 millones de hectáreas que tendrán que ser registradas a nombre de la Nación.

Por:  ANIBAL CASTELLON 

La estrategia para identificar las tierras baldías de la Nación, una tarea que el Estado tenía pendiente para establecer cuántos de estos predios hay y quién los tiene, comenzó desde hace dos semanas.

El 16 de septiembre el Ministerio de Justicia expidió el decreto 1858, que reglamenta el mecanismo para que todas las tierras del Estado tengan su matrícula inmobiliaria. El decreto también se emitió para cumplir con un fallo de la Corte Constitucional que le dio un plazo al Gobierno para iniciar un proceso de clarificación sobre todos los baldíos del país.

Para lograr ese objetivo el decreto ordena que todos los terrenos públicos (rurales, en playas e islas y parques naturales) tengan su matrícula inmobiliaria. Como los baldíos no contaban con ese documento, el Estado, a la fecha, no sabe cuántas de estas tierras posee, ni quiénes las ocupan.

Carlos Carmona, subgerente de tierras del Incoder, dijo que se estima que hay unos 4 millones de hectáreas de baldíos que tendrán que ser registrados a nombre de la Nación con la matrícula inmobiliaria. Esos predios podrían entrar al Fondo de Tierras y usados para el posconflicto.

Esto en la práctica, dice Carmona, traerá seguridad jurídica. “Hoy cuando la gente va a comprar una tierra o se va a construir una obra, no tiene certeza sobre si es un bien público o privado. Ahora todas las tierras van a estar identificadas”, dijo.

El Incoder ha identificado que la mayor parte de baldíos estaría en la altillanura, Vichada, Meta, y Casanare, muchos con ocupaciones de grupos ilegales como las Farc. Hoy en día ese instituto tiene 600 procesos por baldíos indebidamente ocupados, una cifra que se multiplicaría con el inventario de tierras públicas.

Si son ocupantes de que acrediten su buena fe, se podría legalizar su ocupación como adjudicatarios. En los casos en los que se compruebe que el uso del bien ha sido irregular o que particulares lo han comercializado, las autoridades podrían entrar a investigar penalmente a quienes tienen esas tierras.

En mi opinión como futuro economista, se espera que gobierno si cumpla con esto que se pactó y que se dijo, por que sería una lástima que estos terrenos pasaran a unas pocas manos en vez de pasar a quienes verdaderamente las necesitan los campesinos.